Artículo de Josep Miralles Climent publicado en Diario de Noticias (Gipuzkoa) el 16/11/2020.
Las depuraciones y las represiones durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 –y después, durante la dictadura franquista–, fueron muchas y variadas, dependiendo de las fechas y de las distintas zonas de Euskal Herria, así como también en el resto del Estado español. Esa represión criminal, con asesinatos incluidos, se ejecutó en función de criterios políticos, de si eran amigos o enemigos ideológicamente.
Nadie puede poner en duda que en 1936 hubo una gran represión en Navarra por parte de los sublevados; tampoco nadie puede negar que la hubo igualmente en el resto de Euskal Herria, aunque en este último caso los represores fueron tanto los de izquierdas primero, como los derechistas después, a medida que iban entrando el territorio euskaldun.
Igualmente, tampoco nadie pude negar que durante la República se produjeron duros enfrentamientos y asesinatos entre gentes de derechas y de izquierdas, fruto de planteamientos ideológicos diversos. Casi nadie escapó a los intentos de imponer por la fuerza sus particulares criterios políticos e ideológicos, hasta el punto de que en 1934, como consecuencia del reciente triunfo electoral de las derechas, las izquierdas se sublevaron, provocando gran cantidad de víctimas mortales, primero de derechistas, y cuando el gobierno republicano se dispuso a frenar la sublevación, las víctimas se contaron entre los izquierdistas que se habían alzado. Y es que, en los años 30 del siglo XX, casi nadie estaba exento de recurrir a la violencia para imponerse al adversario o para impedir su triunfo. La lucha por la democracia brillaba por su ausencia, pues la democracia formal y medianamente pacífica que hoy conocemos era una quimera.
El profesor Fernando Mikelarena es autor de un reportaje en NOTICIAS DE GIPUZKOA titulado Amigos o enemigos. Ficheros y listas para la depuración. 1936-1938. Este señor parece ser que se dedica a la investigación de los crímenes cometidos por la derecha en Navarra. Como ha hecho en otras ocasiones, de nuevo arremete contra el carlismo de Euskal Herria –a través de los casos concretos de unos personajes siniestros y disidentes, de los que parece no quiere o no puede desprenderse– sin hacer distinción entre dos concepciones distintas del carlismo navarro y vasco. Ya, en su momento, recurrió a los mismos personajes para intentar desprestigiar a todo el carlismo. Así, menciona, entre otros, a elementos tales como Benito Santesteban, Martínez Barasain, Jaime de Burgo o Marcelino Ulibarri, todo ellos conocidos disidentes tradicionalistas que aceptaron la Unificación y, consecuentemente, bien pudieran calificarse como franquistas o, cuanto menos, próximos o militantes de FET y de las JONS.
Hace casi dos años ya interpelé al Sr. Mikelarena como consecuencia de otro artículo suyo –ya lo había hecho antes en otros artículos en un periódico digital llamado Nuevatribuna.es de Público–, con el mismo mantra, donde se refería a los mismos personajes. Entonces insistía también –y sigue insistiendo ahora–, en la responsabilidad de la llamada Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, por parte de los crímenes cometidos en la retaguardia del Viejo Reino.
Por mi parte argumentaba que acercarse al mundo del carlismo no es fácil y suele resultar complejo para cualquier investigador. Como dijo el historiador Julio Aróstegui, el tema del carlismo no resulta grato en los ambientes académicos y en los círculos de la historiografía convencional y profesional. Si se quiere tratar adecuadamente, en toda su magnitud, hay que hilar fino. Lo fácil, al hablar del carlismo, es ponerle un sambenito, agarrarse a él y no salirse del guion. Por eso, ahora haré referencia a unos pocos datos que pueden ser clarificadores.
Abarcando todo el territorio del Estado español existía una Junta Nacional Carlista de Guerra, adicta al rey Alfonso Carlos y a su sucesor, el regente Javier de Borbón Parma, que se opuso y desautorizó a la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Pero es que el propio carlismo navarro tampoco formaba un solo bloque; estuvo dividido entre los que se adhirieron de forma incondicional a esa Junta navarra y al general Mola –y a Franco después–, y los que se opusieron. Por eso, los máximos dirigentes carlistas serían expulsados del territorio español por Franco. Por otra parte, otros carlistas vascos, como el presidente del Círculo Carlista de Beasain, Guillermo Eizagirre o Evaristo Mendía, de Legazpia, serían ejecutados por los militares rebeldes. No serían los únicos.
Volviendo al Viejo Reino, hay que decir que el prestigioso carlista, jefe de la Junta Regional de Navarra, Joaquín Baleztena –adicto a los abanderados del carlismo mayoritario–, emitió un claro comunicado que se publicó de forma destacada en El Pensamiento Navarro del 24 de julio de 1936, llamando a los carlistas no solamente a no ejercer actos de violencia, sino también a evitar que se cometiesen en su presencia.
En el territorio navarro se formó la llamada “Junta Central Carlista de Guerra” –de la que también formaba parte discordante Baleztena–, presidida, de facto, por José Martínez Berasáin que, con sus afines y subordinados –como su sobrino Benito Santisteban–, eran de los incondicionales a los militares primero, y a Franco y a la Unificación después, tal como nos lo explica el historiador Javier Ugarte: “Los pragmáticos navarros, especialmente Martínez Berasáin, comenzaron a maniobrar, mantuvieron un contacto con Franco, y reforzaron sus lazos con los conservadores Oriol o Rodezno, muy próximos a Franco.”
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los voluntarios requetés, siguiendo la orden de Javier de Borbón Parma, habían marchado a los frentes de batalla, en la retaguardia quedaron algunos que, desobedeciendo las órdenes del jefe carlista de evitar la violencia, la ejercieron. Tal fue el caso de Santesteban que, curiosamente, junto a su tío Martínez Berasáin, fueron de los que aceptaron a Franco en contra de la mayor parte de los carlistas que siguieron a su rey.
El señor Mikelarena en el citado artículo publicado en NOTICIAS DE GIPUZKOA, incluye, implicada en los crímenes, a la llamada “Junta de Guerra Carlista de Vizcaya”, presidida por José María Oriol Urquijo (¡qué casualidad! otro colaboracionista con el franquismo y disidente del carlismo javierista). No se queda ahí, y, de pasada, amplía los crímenes cometidos a San Sebastián, Bilbao y Santander.
Sin embargo, lo que no dice el profesor Mikelarena, es que antes de la llegada de las fuerzas navarras al resto de Euskal Herria, las milicias fieles a la República y al gobierno de Euskadi, especialmente los izquierdistas, también tenían ficheros y listas con intenciones depuradoras. Con ellas llegaron a detener y a asesinar posteriormente a otra ingente cantidad de personas, entre los cuales había muchísimos carlistas, viejos y jóvenes (igual que ocurrió en las retaguardias republicanas de otras zonas como Cataluña, investigadas por Solé i Sabaté, o el País Valenciano, estudiadas por Vicent Gabarda). Las cárceles, las comisarías, y los cuartelillos de seguridad de Euskadi se llenaron de hombres, mujeres y niños desafectos –carlistas o no–, hasta el punto de tener que habilitar algunos barcos-prisión como el Altuna Mendi o el Cabo Quilates. En Gipuzkoa se cometieron asesinatos múltiples en la cárcel de Larrinaga, de Ondarreta, en el cementerio de Polloe o en el fuerte Guadalupe de Hondarribia. En Bizkaia ocurrió lo mismo en las cárceles de Larrinaga, El Carmelo, Los Ángeles Custodios, La Galera o el cementerio de Derio, además de los asesinados en muchos de los pueblos de Euskal Herria.
Por otra parte, conviene recordar que los carlistas no sólo fueron perseguidos durante la República y la guerra por milicianos izquierdistas. Su oposición a Franco desde su encumbramiento les supondría también una persecución por parte de la dictadura que este implantó, tal como constato en mi reciente investigación, publicada en 2018 con el título La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada (1936-1955). Pero no sólo fue el primer franquismo el que persiguió a los carlistas que no se plegaron a Franco. Posteriormente, el Partido Carlista también sería represaliado y perseguido tanto durante el resto de la dictadura, hasta la muerte de Franco, como durante la Transición por el nuevo régimen de la monarquía que el dictador nos dejó en herencia: marginación, detenciones, multas, consejos de guerra y encarcelamientos. El último acto represivo en Euskalherria fue en 1980, cuando la candidata al Parlamento Vasco por EKA (Euskal herriko Karlista Alderdia), María José Larrea Jáuregui, fue procesada por un tribunal militar, acusada de injurias a las Fuerzas Armadas por un artículo publicado en la prensa donostiarra. En definitiva, si un cierto carlismo fue victimario durante tres años –igual que lo fueron también ciertos milicianos izquierdistas contra miles de víctimas carlistas–, luego sería perseguido por la dictadura franquista y sus herederos durante más de 40 años. Pero parece ser que para el profesor Mikelarena sólo cuentan tres años. Tres, frente a 40 de persecución.
