El G7 de las empresas constructoras

Lo llamaban sin ningún rubor G7, pero el grupo no era el de los Estados más poderosos que vienen reuniéndose periódicamente para definir los designios del resto del mundo, sino que estaba constituido por una serie de empresas constructoras españolas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les impuso el pasado 5 de julio una sanción millonaria por fraude en infinidad de concursos públicos. Crearon una especie de cártel con el que participaban y se repartían entre ellas concursos y adjundicaciones públicas.

Lo que realmente llama la atención es que hayan pasado casi desapercibidos algunos aspectos vinculados a esta noticia. Por ejemplo, que el grupo de coordinación fuera desmantelado apenas diez días antes de que la Comisión de la Competencia iniciara la investigación. Parece que después de 25 años de fraude continuado, a estas empresas les entró una preocupación repentina de si lo que venían haciendo era del todo legal. Así lo dejaron registrado en las llamadas y mensajes de teléfono para que nadie los leyera o escuchara.

A la vista está que alguien les dio el soplo, ya que los registros de sus sedes se iniciaron dos semanas después de que decidieran disolver el grupo. Pero lo más importante de todo esto y lo que aún no se nos ha aclarado es por qué lo hacían, por qué crearon este grupo.

La conclusión parece clara: si sabían de antemano que una determinada empresa iba a ganar un concurso público, ¿para qué perder el tiempo y gastar dinero en hacer informes para ese mismo concurso? Pues porque precisamente esos concursos necesitaban de diferentes ofertas para que fueran válidos, de lo contrario no tendrían valor. Así, con la creación de este grupo compartían esos gastos…

Lo paradójico de todo este entramado es que estos defensores a ultranza del libre mercado individualista y del neoliberalismo económico no supieran funcionar sin colaboración y el trabajo en común entre ellos. Eso sí, trabajo en común entre ricos, claro.

Jurramenditik.

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