La vida se encarece, los sueldos no suben, la vivienda se convierte en un lujo, y la precariedad laboral se normaliza. El relato oficial habla de “ajustes del mercado”, “presiones inflacionarias” o “dinámicas globales”. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático se esconde una realidad política y moral mucho más dura: el capitalismo contemporáneo ha decidido que la mayoría trabaje más para vivir peor, mientras una minoría acumula rentas, propiedades y poder.
Tras cada crisis —la financiera de 2008, la pandemia, la inflación post-2020— los gobiernos prometen “recuperación” y “crecimiento inclusivo”. Pero ese crecimiento se construye sobre la precariedad de millones de personas. La economía se reactiva a base de contratos temporales(fijos discontinuos), salarios de miseria y alquileres imposibles. La inflación, lejos de afectar a todos por igual, se convierte en una transferencia silenciosa de riqueza: los precios suben más rápido que los sueldos, y las rentas del capital —la especulación inmobiliaria, las grandes energéticas, las cadenas de distribución— engordan sus márgenes.
Mientras tanto, el discurso dominante responsabiliza al consumidor: “hay que ajustar el consumo”, “vivimos por encima de nuestras posibilidades”. Es la vieja estrategia de culpar a las víctimas para no señalar a los responsables: un sistema económico que privatiza beneficios y socializa pérdidas.
El problema de la vivienda es hoy el núcleo del conflicto social. Comprar se ha vuelto inaccesible para amplias capas de la población, y alquilar se ha convertido en una forma de servidumbre moderna. Los fondos de inversión, con el beneplácito de los gobiernos, han transformado un derecho básico en un activo especulativo. Las ciudades expulsan a sus habitantes, los jóvenes prolongan la dependencia familiar y la vivienda deja de ser un hogar para convertirse en una mercancía.
El “mercado libre” de vivienda es, en realidad, un mercado cautivo, donde los grandes propietarios dictan los precios y el Estado renuncia a intervenir. La falta de vivienda pública y las políticas fiscales favorables a los rentistas consolidan una estructura de poder que perpetúa la desigualdad.
El trabajo, que debería ser fuente de dignidad y estabilidad, se ha convertido en sinónimo de inseguridad. Contratos parciales, falsos autónomos, jornadas extendidas, salarios congelados. La productividad aumenta, pero la parte de la riqueza que va a los trabajadores disminuye. La brecha entre el coste de la vida y los ingresos reales se ensancha cada mes.
Las empresas justifican la contención salarial en nombre de la competitividad, pero nadie cuestiona la concentración obscena de beneficios en las cúpulas directivas. En lugar de un pacto social, vivimos un pacto de sumisión: el capital dicta las condiciones y el trabajo obedece, bajo la amenaza del desempleo o la deslocalización.
La subida del coste de vida no afecta a todos por igual. Para las élites, es un pequeño ajuste contable; para la clase trabajadora, un golpe a su estabilidad y su condena a la precariedad perpetua. Esta desigualdad no es accidental, es estructural. Es el resultado de un modelo económico que ha sustituido la justicia social por la rentabilidad, el bienestar colectivo por la lógica del beneficio privado.
Frente a esta crisis permanente, la izquierda debe recuperar un lenguaje de poder y de derechos. No basta con paliar los efectos del sistema; hay que transformarlo.
Eso significa control público de la vivienda, subida real de los salarios, reparto del tiempo de trabajo, fiscalidad progresiva y fortalecimiento de los servicios públicos.
Significa entender que el mercado no puede ser el árbitro de nuestras vidas, y que la economía debe subordinarse a la dignidad humana, no al revés.
Porque vivir no debería ser un lujo. Y mientras lo sea, la lucha política sigue siendo no solo necesaria, sino urgente.
