Cada verano asistimos al mismo ritual. Las llamas arrasan miles de hectáreas, se lamentan las pérdidas humanas y materiales, se agradece el esfuerzo heroico de los equipos de extinción y se promete que “habrá que aprender para el futuro”. Sin embargo, cuando llega el otoño, el debate desaparece hasta el siguiente incendio. Mientras tanto, las causas profundas permanecen intactas.
Es indudable que el cambio climático está agravando el problema. Las olas de calor son más intensas, las sequías más prolongadas y la vegetación permanece inflamable durante más meses al año. Pero reducir los incendios únicamente al clima supone ignorar que el fuego necesita un territorio preparado para propagarse. La cuestión no es solo por qué hace más calor, sino por qué nuestros montes son hoy mucho más vulnerables.
Durante décadas se ha impuesto un modelo rural basado en el abandono del territorio, la despoblación y la rentabilidad inmediata. Allí donde antes existían comunidades que gestionaban bosques, pastos y cultivos, hoy encontramos grandes extensiones sin actividad, cubiertas por combustible vegetal acumulado durante años. La desaparición de la ganadería extensiva, el declive de la agricultura familiar y la falta de inversión pública en gestión forestal han convertido amplias zonas en auténticos polvorines.
Este proceso suele presentarse como una consecuencia inevitable de la modernización. Sin embargo, también puede interpretarse como el resultado de una larga transformación histórica de la propiedad de la tierra.
En España, las desamortizaciones del siglo XIX no solo supusieron la venta de bienes eclesiásticos; también afectaron a numerosos terrenos comunales que durante generaciones habían sido utilizados colectivamente por los vecinos para obtener leña, pastos, madera o alimentos. Aquellas políticas impuestas por el liberalismo uniformizador, favorecieron en muchos lugares la privatización de recursos comunes y alteraron profundamente formas tradicionales de gestión colectiva.
Los montes comunales no eran un vestigio atrasado del pasado. Constituían instituciones que vinculaban a las comunidades con el territorio y generaban incentivos para su mantenimiento. Allí donde la población dependía directamente del bosque, existía un interés permanente en limpiar caminos, controlar el matorral, aprovechar la biomasa, mantener el pastoreo y prevenir incendios. El monte no era un paisaje para contemplar, sino un espacio vivo que garantizaba la supervivencia de la comunidad.
La progresiva mercantilización de la tierra rompió buena parte de ese equilibrio. La propiedad pasó a concebirse cada vez más como un activo económico antes que como un bien con funciones sociales y ecológicas. Posteriormente, la industrialización y el éxodo rural aceleraron el abandono del campo. Millones de personas emigraron a las ciudades mientras el interior del país perdía población, servicios públicos y actividad económica.
En las últimas décadas, esta tendencia ha adquirido nuevas formas. Grandes fondos de inversión, empresas energéticas, macroproyectos turísticos y explotaciones intensivas compiten por el uso del suelo. El territorio se convierte en un espacio para obtener rentabilidad financiera, mientras la gestión cotidiana del paisaje deja de ser prioritaria. La lógica del beneficio inmediato desplaza la planificación ecológica a largo plazo.
Al mismo tiempo, las administraciones públicas destinan enormes recursos a la extinción de incendios, pero con frecuencia invierten mucho menos en prevención. Resulta más visible comprar medios aéreos que financiar cuadrillas forestales permanentes durante todo el año. Sin embargo, la experiencia acumulada muestra que la prevención, el manejo del paisaje y la gestión continuada del monte son herramientas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.
Esta realidad plantea una cuestión de fondo: ¿debe la tierra responder exclusivamente a la lógica del mercado o cumplir una función social? Si el territorio es un bien común del que depende el agua, la biodiversidad, la seguridad frente a incendios y el equilibrio climático, resulta legítimo defender que su gestión no puede quedar subordinada únicamente a intereses privados.
Ello no implica negar la existencia de la propiedad privada, sino reconocer que determinados recursos estratégicos requieren mecanismos de planificación democrática y participación comunitaria. Recuperar y fortalecer los montes comunales allí donde existan, apoyar cooperativas forestales, impulsar la ganadería extensiva, favorecer la agricultura de proximidad y ampliar la inversión pública en prevención son medidas que pueden contribuir a construir paisajes más resilientes.
Combatir los incendios exige también combatir el cambio climático mediante una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una transición energética justa. Pero la adaptación al nuevo clima pasa igualmente por transformar la manera en que habitamos y gestionamos el territorio.
Los grandes incendios no son únicamente un fenómeno meteorológico. Son también el reflejo de decisiones económicas, políticas e históricas acumuladas durante generaciones. Cuando un bosque arde, no solo fracasan las condiciones atmosféricas, también queda al descubierto un modelo territorial que ha priorizado la rentabilidad sobre el cuidado, la privatización sobre la gestión colectiva y el abandono sobre la planificación.
Quizá haya llegado el momento de recuperar una idea que durante siglos formó parte de la cultura rural: que la tierra no es una mercancía cualquiera, sino un patrimonio común cuya conservación beneficia al conjunto de la sociedad. En un contexto de emergencia climática, esa visión deja de ser una nostalgia del pasado para convertirse en una propuesta de futuro.
