Los carlistas creemos que el acuerdo de libre comercio firmado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no solo amenaza a los agricultores europeos y por consiguiente a nuestros baserritarras, sino que también profundiza desigualdades globales, agrava la crisis climática y fortalece un modelo económico neoliberal que beneficia a las grandes corporaciones a expensas de las personas trabajadoras y del medio ambiente. Una alternativa sería promover acuerdos comerciales basados en principios de justicia social, climática y económica que prioricen la protección de los pequeños productores y los ecosistemas frente al libre comercio desregulado.
Este acuerdo va a permitir una mayor entrada de productos agrícolas de países del Mercosur (como carne de res, soja y azúcar) a precios más bajos. Muchos de estos productos suelen ser el resultado de modelos de producción intensiva que no respetan los mismos estándares laborales, ambientales y de bienestar animal que se exigen en la UE. Esto va a colocar en desventaja a nuestros agricultores, que cumplen con regulaciones más estrictas, ya que los costes de producción son más altos.
Los estándares sociales y ecológicos establecidos en la UE deberían ser un ejemplo a nivel global, en lugar de verse socavados por acuerdos comerciales que fomentan la carrera hacia el abismo en términos de derechos laborales y protección ambiental.
El aumento de las exportaciones agrícolas del Mercosur va a fomentar la deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas sensibles, ya que estas actividades están relacionadas con la expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o la cría de ganado. Esto no solo agrava la crisis climática global, sino que también mina los compromisos de la UE con el Acuerdo de París. Además, permitir la entrada masiva de productos agrícolas que tienen un alto costo ambiental, contradice las políticas climáticas internas de la UE como el Pacto Verde Europeo.
Una vez más, los beneficiarios de este acuerdo van a ser las grandes corporaciones agroindustriales y exportadoras. Estas empresas suelen explotar recursos y mano de obra barata en el sur global, mientras los pequeños productores quedarán marginados. Muchos de ellos podrían verse obligados a abandonar la actividad ante la incapacidad de competir con productos más baratos, lo que podría acelerar el proceso de concentración de tierras y beneficiar a grandes explotaciones y empresas del sector.
No podemos olvidar que la producción agrícola en los países del Mercosur suele implicar condiciones laborales precarias, incluyendo salarios bajos, explotación de trabajadores y, en algunos casos, violaciones de derechos humanos. Permitir que productos cultivados bajo estas condiciones compitan en el mercado europeo va a promover la explotación y el dumping social.
Por ello consideramos que los acuerdos comerciales deben priorizar la mejora de las condiciones de trabajo globales en lugar de perpetuar desigualdades estructurales entre el norte y el sur global.
Seguimos defendiendo el principio de soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de los países y distintos territorios de garantizar una producción local suficiente y sostenible para satisfacer las necesidades alimentarias de sus respectivas comunidades. Es evidente que el acuerdo va a aumentar la dependencia de la UE de importaciones externas, mientras que sectores agrícolas estratégicos en Europa, como la ganadería, se verán perjudicados. En un contexto de crisis climática y tensiones geopolíticas, depender de importaciones de alimentos podría poner en riesgo la seguridad alimentaria europea a largo plazo.
Finalmente creemos que el acuerdo están pensado para reforzar un modelo extractivista en los países del Mercosur, en el que exportan materias primas agrícolas a bajo costo mientras importan productos manufacturados de la UE. Este intercambio desigual perpetúa las relaciones de dependencia económica y socava el desarrollo sostenible en el sur global, algo que va en contra de los valores de justicia económica, ecologíca y social.
