José María Porro eta Jesús María Aragonen artikulua, www.noticiasdenavarra.com webgunean argitaratuta 2024/009/05

El pasado 2 de julio el Gobierno de Navarra difundió una nota de prensa informando de un reciente informe de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica. Después de más de un año de espera se ha av/alado, ¡por fin!, la inscripción como Lugar de Memoria del monolito de Iratxe en recuerdo de Ricardo y Aniano, los dos compañeros asesinados en Montejurra 76. Una noticia de la cual nos alegramos todos los que nos orgullecemos de haber sido represaliados por la dictadura franquista. Y en este logro es adecuado agradecer la persistencia del parlamentario Adolfo Araiz, frente a quienes como la también parlamentaria María Inmaculada Jurío Macaya se oponían a todo avance en lo concerniente a Montejurra 76.

Sin embargo, el Gobierno navarro tiene pendiente todavía un largo camino que recorrer. Los principios de “Verdad, Justicia y Reparación”, que algunos dicen proclamar pero que no terminan de interiorizar, se supone que implican el derecho de las víctimas y de toda la sociedad a que se derogue la impunidad impuesta por los poderes fácticos, a que los agresores sean plenamente identificados. Porque no es posible honrar plenamente a las víctimas sin señalar íntegramente a todos los victimarios.

Tanto en una rueda de prensa celebrada el 9 de enero de 2023, como en una sesión de la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra realizada el día 24 de ese mes, los carlistas explicamos el contenido de una importante documentación gubernamental que habíamos recibido. Una documentación que concordaba con lo que han escrito sobre Montejurra 76 historiadores como Josep Carles Clemente, Joaquín Cubero, Floren Aoiz, Josep Miralles, Manuel Martorell o Carlos Portomeñe. Pero va pasando el tiempo y parece que algunos políticos “progresistas” todavía se resisten a asimilar lo que ya debería ser una “Verdad” incuestionable: que lo sucedido en 1976 no fue un simple acto de terrorismo sin apellido alguno sino de terrorismo de Estado.

Cuando la nueva documentación de los hechos es especialmente clara no se puede seguir tolerando lo que ocurre en el Museo del Carlismo. Y no es en Madrid, sino en nuestra tierra, donde se encuentra la responsabilidad directa e inmediata de que en el museo de Lizarra se siga blanqueando el rol decisivo del Estado en Montejurra 76. Este polémico museo no depende precisamente del Ministerio de Cultura del Gobierno central, sino de la Dirección General de Cultura del Gobierno que preside María Chivite. La élite política de Navarra tiene por tanto una responsabilidad ineludible en el ocultamiento del protagonismo del Estado en Montejurra 76.

Por otro lado, el último 17 de junio, la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno navarro hizo llegar una carta a nuestro compañero Lázaro Ibáñez informándole de que se le reconocía la condición de víctima por actos de motivación política. Una noticia positiva, sin duda alguna, pero nuevamente insuficiente, ya que desde hace varios años esa misma Dirección General tiene guardadas en un cajón las fichas de otros 240 militantes carlistas que fueron represaliados por el franquismo.

El Gobierno de María Chivite debería ser más respetuoso con la realidad histórica y con la lucha de nuestros mayores, que desde la más temprana posguerra se manifestaron en contra de la dictadura fascista y a favor de las libertades democráticas. No se puede decir lo mismo de muchos de los actuales defensores del Régimen del 78.

Pero la tropelía cometida con esas fichas no es novedosa ni sorprendente. Los carlistas ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, como cuando el Gobierno de Adolfo Suárez vetó e impidió la legalización de nuestro partido en el contexto de las primeras elecciones de 1977, o también cuando un Gobierno del PSOE trató de criminalizar nuestras candidaturas con motivo de las elecciones generales de 2008. A los movimientos populares vascos el Régimen del 78 nunca nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido a través de la lucha.

Concluyendo ya, por dignidad y por justicia algunas cosas tienen que cambiar en la política cultural y memorialística del Gobierno de Navarra. Porque sin “verdad” no puede haber libertad.

Los autores son: secretario general de EKA y secretario general de EKA Nafarroa, respectivamente