El genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu constituye uno de los crímenes más brutales de nuestro tiempo. Lo que los medios dominantes intentan presentar como un “conflicto entre dos bandos” es en realidad la expresión de una relación profundamente desigual: un Estado colonial y militarizado que impone, mediante el apartheid y la violencia, la negación del pueblo palestino.
Netanyahu encarna el proyecto de una ultraderecha que no solo busca aplastar la resistencia palestina, sino también consolidar la limpieza étnica y la apropiación territorial. La ofensiva contra Gaza —bombardeos indiscriminados, destrucción de hospitales, escuelas y viviendas, bloqueo de agua, electricidad y alimentos— no puede interpretarse como mera “respuesta militar”: se trata de un intento sistemático de destruir la vida palestina, física y simbólicamente.
Este genocidio no es obra aislada de Israel. Se sostiene gracias al financiamiento, las armas y la cobertura diplomática de Estados Unidos y la Unión Europea, que ven en Israel un enclave estratégico para el control de Medio Oriente. La represión en Palestina funciona como laboratorio de tecnologías de vigilancia, control social y militarización que luego se exportan al resto del mundo.
Frente al silencio cómplice de los organismos internacionales, quienes luchamos por justicia social debemos afirmar con claridad: no hay neutralidad posible ante el genocidio. Callar es ser cómplice.
La tarea de las fuerzas progresistas y de izquierda debe ser redoblar la solidaridad con Palestina: denunciar a Netanyahu y al Estado de Israel como responsables de crímenes de lesa humanidad, exigir sanciones efectivas, apoyar al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), y construir redes de resistencia que unan a los pueblos oprimidos.
Porque Gaza no está sola. Porque la libertad de Palestina es la libertad de todos los pueblos.
