Desde una perspectiva política y estatutaria, resulta imprescindible realizar un balance sereno pero firme de los últimos cuatro años de gestión del señor José Lázaro Ibáñez Compains en la Secretaría General Federal del Partido Carlista. Un periodo que, lejos de fortalecer el proyecto carlista, ha estado marcado por el bloqueo orgánico, la confrontación interna y decisiones contrarias a la cultura democrática del partido.
Una organización sin órganos efectivos
El Partido Carlista siempre ha defendido la participación, la corresponsabilidad y el respeto a sus normas internas como pilares básicos de su organización. Sin embargo, durante los últimos cuatro años se ha producido un progresivo vaciamiento de su funcionamiento regular.
La no convocatoria por parte del Secretario General del máximo órgano de dirección federal ha impedido el debate político colectivo y la toma compartida de decisiones. Esta ausencia de vida orgánica ha derivado en una parálisis prolongada que ha debilitado al conjunto del partido y ha generado un profundo malestar entre la militancia.
Conflictos internos llevados a los tribunales
Otro de los rasgos más preocupantes de esta etapa ha sido la judicialización de la vida interna. En lugar de abordar las discrepancias desde el diálogo político y los mecanismos estatutarios, se optó por trasladar los conflictos a la vía judicial por parte del señor Ibáñez Compains. Esta estrategia, además de impropia de una organización política democrática, se ha saldado con resoluciones judiciales contrarias a sus pretensiones, evidenciando la debilidad jurídica y política de las decisiones adoptadas por este señor.
Lejos de fortalecer la autoridad de la dirección federal, esta deriva, ajena a la tradición política del Partido Carlista, no solo ha agravado las tensiones existentes, sino que ha contribuido a deteriorar la convivencia y cohesión interna, a generar un clima de desconfianza y a proyectar una imagen pública de división y enfrentamiento que ha dañado gravemente a nuestro partido.
Un Congreso Federal sin garantías
El momento de mayor gravedad política se produjo con la convocatoria de un Congreso Federal realizado sin las garantías estatutarias necesarias. La posterior suspensión judicial de dicho Congreso confirmó las deficiencias de un proceso que nunca debió plantearse en esos términos.
Este episodio supuso un punto de inflexión negativo, se quebró la confianza entre militantes y se profundizó una fractura orgánica cuyas consecuencias aún persisten.
Una forma de dirigir alejada del pluralismo
A lo largo de este periodo se ha consolidado un modelo de dirección basado en la exclusión de la crítica y el cierre en torno a un grupo reducido. Esta actitud ha impedido sumar esfuerzos, voluntades y capacidades que habrían sido fundamentales para afrontar las dificultades del momento.
El Partido Carlista es una organización plural por definición. Renunciar a esa pluralidad equivale a debilitar su propia razón de ser.
Cuatro años desperdiciados
El balance político de estos cuatro años no puede ser positivo. Se ha perdido un tiempo valioso que debería haberse dedicado a reforzar la presencia política del carlismo, a actualizar su discurso y a reconstruir su implantación social.
En su lugar, el partido se encuentra hoy con una serie de heridas abiertas y con una tarea de reconstrucción que exigirá generosidad, autocrítica y respeto estricto a los principios estatutarios.
Recuperar el rumbo
Consideramos que este análisis no responde a intereses personales ni a disputas coyunturales. Es una reflexión necesaria para que el Partido Carlista pueda recuperar su funcionamiento democrático, su cultura de debate y su vocación de proyecto colectivo.
Solo desde la inclusión, el respeto a las normas comunes y la voluntad de diálogo será posible abrir una nueva etapa que deje atrás estos años perdidos y devuelva al Partido Carlista la coherencia y la dignidad que le son propias.
