En el primer tercio del siglo XIX la estructura social que existía en este país de países se componía en líneas generales de dos clases sociales suficientemente delimitadas: las aristocrática que en buena parte residía en la Corte y también en los grandes núcleos de población, y la agraria; la primera, junto con la Iglesia, detentaba la propiedad de la tierra, la segunda constituía el proletariado agrícola y, evidentemente, era el grupo más numeroso careciendo de la más elemental formación política y, además, por su propia extracción y ubicación en pequeños y aislados pueblos era profundamente tradicionalista.
La monarquía mantenía, por otra parte, todo su continuado prestigio medieval (en España, a diferencia de los grandes estados europeos, no se había producido revolución alguna, y de ello también se beneficiaba la Iglesia), conservado celosamente por el institucionalismo del Antiguo Régimen, y así la figura del rey seguía significando ser el guardián y defensor del pueblo frente a los poderosos.
Fue por tal razón por lo que en la disyuntiva de elegir entre un sistema político rupturista, desprestigiado por la propaganda oficial y eclesial en su vecina manifestación de la Revolución Francesa, y el continuismo monárquico, con todo el carismático paternalismo que conserva, el pueblo se decantó por este último dadas las garantías que de “lo conocido” se le ofrecía, y evidentemente por Don Carlos que era el candidato a la Corona que mejor encarnaba esa misma continuidad y que, de forma significativa para esa clase popular, contaba con la enemistad de los situado, de la oligarquía ya existente o de la que se estaba instalando en su versión liberal burguesa.
Espontáneamente, quizás incluso inconscientemente, el Carlismo representaba así una vía de liberación. Asentado en su secular instinto de libertad no normatizada y de pugna contra el opresor, el pueblo que optó por empuñar las armas en 1833, con motivaciones distintas en cada nacionalidad, en cada comarca y hasta en cada pueblo, defendía su derecho a la dignidad del protagonismo individual contra la injusticia y los nuevos signos opresores que cada día vislumbraba con más certeza.
Obsérvese que la áreas donde el Carlismo tiene desde un principio más incidencia coinciden precisamente, en su intensidad, con esta relación descendente, de más a menos: Euskal Herria, Catalunya, País Valencia, Aragón, Castilla… es decir, curiosamente con todos los países que habías conocido la libertad de su propia soberanía, aquellos los que el pueblos había tenido más protagonismo; por el contrario, en los secularmente sometidos al latifundio señorial y caciquismo rural, el Carlismo tuvo mucha menor incidencia o fue pura anécdota.
Hasta 1864 realmente no existe una vertebración internacionalista proletaria, pero la rebelión carlista es mucho antes el único punto de referencia para protestar y no dejarse someter. Las fuerzas carlistas estaban esencialmente integradas por voluntarios surgidos de las áreas más populares y deprimidas de la sociedad.
Tanto en el Bajo Aragón como en el interior del norte del País Valenciá, zonas empobrecidas tras hundirse siglos atrás el comercio de lanas y cereales, con tierras absolutamente de secano, la primera guerra carlista ha llegado a ser calificada como “guerra del hombre”; los contestatarios de aquel tiempo que escogían el encuadramiento carlista no eran, no obstante, tan solo de procedencia rural, así es conocido que los obreros textiles de Alcoi tras la primera revuelta revolucionaria contra las máquinas que estaban provocando despidos y miseria, se incorporan casi en bloque a las partidas carlistas; también es de notar la conciencia de clase en el componente de desesperados aragoneses, catalanes y valencianos militantes de las filas de Cabrera que cuando asaltaban una población se dedicaban a la sistemática persecución de los “senyorets”, como por ejemplo ocurrió en Vinaròs y también ilustrativo que tal vez por simple instinto proletario instaurase en Manacor (igualmente en 1835) y durante unos días, una auténtica “comuna” los alzados por Don Carlos en tal ciudad menorquina… Se podrían citar innumerables ejemplos.
Todas son muestras acreditativas de un componente social y de un consecuente talante que en aquel tiempo significaba mucho, hasta el punto de que se fue creando una aureola revolucionaria que se plasmaría años más tarde, en 1849, en un documento fechado el 25 de enero en el pueblo de La Garriga en el que la propaganda enemiga decía que por el Carlismo “no es Don Carlos lo que se pretende, sino el sistema desorganizador del mundo; es el fin, el terrible combate del que no tiene, contra el que tiene”.
Fue el pueblo quien, a diferencia del monarquismo hasta entonces conocido, obligó o implicó a los sucesivos titulares a asumir y defender sus planteamientos de libertad. Y así el primer Carlos que en un principio solo efectúa declaraciones en reclamación de sus derechos, un años después de iniciarse la guerra (el 7 de septiembre de 1834) se refiere explícitamente a la conservación de los fueros, máxima garantía de libertad del pueblo vasco y su hijo Carlos VI en el Manifiesto de Maguncia (1860) afirma “… la empresa más honrosa para un príncipe es liberar a las clases productoras y a los desheredados de esa tiranía con que los oprimen los que invocan la libertad gobiernan la nación”. O Carlos VII al referirse a las diversas nacionalidades como “repúblicas sociales” y mucho más tarde su hijo don Jaime que combatió a la dictadura de Primo de Rivera y conoció de un complot preparado por anarquistas y carlistas y que aceptó la República como expresión de la voluntad popular, en 1928 declaraba: “Me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero”.
El sentimiento reivindicativo carlista ha sido innegable, hasta el punto de que, como es sabido, el propio Marx reflexionó de modo interesante en cuanto a la composición y expresión social del Carlismo, lo que representa un reconocimiento más de ese socialismo “avant la letre”, tal vez no perfeccionado hasta época tardía al estar huérfano durante siglo y medio de tutela intelectual (lo que no es un desdoro, sino garantía de autenticidad) y que salvo los interesantes, aunque posteriormente fallidos escarceos sindicalistas de principios del siglo XX, ha permanecido sin vertebración que los posibilitase, sin formulación ideológica y sin plasmación práctica hasta época reciente.
Ha sido una corriente indiscutible de la que sin duda se han aprovechado en cuando a individualidades y hasta de sus propuestas otros movimientos insertos y dependientes de internacionales, pero que no obstante un conocedor tan profundo del Carlismo (léase, entre otros escritos, “Paz en la guerra”) como Unamuno apreció y reconoció así en carta a Joaquín Costa (31 de octubre de 1895) escribe: “Fui testigo y gran parte víctima de ella (la última guerra carlista) siendo niño y después me he dedicado a estudiarla, llevando cerca de ocho años de investigaciones sobre sus causas y razones. Una de las cosas que se descubre de ella es un fondo grande de socialismo rural.
Tengo recogidas proclamas de antes, periódicos carlistas, etc. y de todo ello podría hacer un trabajo acerca del elemento social en la última guerra civil”. En la misma carta, Don Miguel, a propósito de un plan de gobierno presentado a Carlos VII en
1874, afirma que “las ideas crudamente descentralizadoras (guerra a la ciudad) y socialistas de tal plan eran expresión del sentimiento de las masas carlistas”.
Es ese poderoso caudal el que, al fin, en los últimos años sesenta y primeros setenta del siglo XX, en el periodo presidido por Carlos Hugo, hizo posible que, libremente, se elaborase en las sucesivas ediciones de los Congresos tanto del Pueblo como del Partido Carlista la propuesta Socialista Carlista, lo que oficial y políticamente se denomina “Socialismo Autogestionario” y que tal sólido bagaje permitiera al Partido Carlista participar en la lucha contra el franquismo, en la creación de Comisiones Obreras, en el frente de la alternativa proletaria de la primera Izquierda Unida y en otros foros y ámbitos de lucha y liberación.
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