El gobierno de Pedro Sánchez, revalidado en 2023 tras una investidura compleja que implicó pactos con fuerzas nacionalistas y progresistas, llegó con un discurso de defensa del Estado del bienestar, los derechos sociales y el antifascismo. Sin embargo, tras dos años de legislatura, surgen interrogantes sobre su coherencia política, su voluntad transformadora real y su capacidad para hacer frente al auge de la derecha y la extrema derecha con políticas de auténtica izquierda.
La relación entre el PSOE y Sumar ha sido ambivalente: mientras se ha mantenido una cierta cooperación legislativa, Sumar ha perdido protagonismo político y se ha visto desplazado en decisiones clave, lo que ha diluido las políticas transformadoras que se esperaban de una coalición de izquierdas. En cierta manera, el PSOE ha usado a Sumar más como coartada progresista que como socio real para impulsar un cambio estructural profundo.
El gobierno ha mantenido políticas de moderación fiscal y respeto a los marcos de la UE, lo que limita el margen para una redistribución real de la riqueza. A pesar de los anuncios, la reforma fiscal progresiva ha sido totalmente insuficiente y no se ha abordado una reforma ambiciosa del sistema tributario, la presión fiscal sobre las grandes fortunas y multinacionales sigue siendo baja generando con ello un continuismo económico que sigue beneficiando a las capas altas de la sociedad.
En algunos casos, la opacidad en la gestión y distribución de los Fondos Next Generation ha sido más que evidente, orientándolos hacia grandes empresas, en lugar de fomentar la economía social, las cooperativas o pymes innovadoras. Se han mantenido algunas políticas de gasto social y ayudas directas, pero sin cambios estructurales profundos.
Respecto de la vivienda, sigue sin garantizarse el derecho a la misma. No se han tomado medidas contundentes contra la especulación, los fondos buitre o los grandes tenedores. En muchas zonas, los precios de los alquileres siguen subiendo de forma descontrolada, con un mercado aún profundamente desregulado.
En cuanto a la transición ecológica, se han producido muchas incoherencias entre discurso y práctica. Con un pretendido discurso «verde», se ha apostado por macroproyectos energéticos que han generado conflicto social y ecológico (megaplantas solares, hidrógeno verde sin planificación territorial adecuada, centrales nucleares, etc).
Hace falta tomar medidas contundentes contra la agroindustria intensiva y su impacto sobre acuíferos, especialmente en zonas como Doñana o el Mar Menor. Por otra parte, se ha apostado por grandes inversiones en fábricas de baterías sin cambiar el modelo de movilidad, lo cual denota una falta de planificación alarmante.
Sobre la migración y los derechos humanos, se ha mantenido y profundizado la política de externalización y acuerdos con países que violan sistemáticamente los derechos humanos (Marruecos, Mauritania). No ha habido una asunción de responsabilidades ni investigación profunda sobre las muertes en la valla de Melilla en 2022, lo que erosiona gravemente los principios de defensa de los derechos humanos. Se mantienen abiertos los Centros de Internamiento, sin reformas estructurales, y se sigue criminalizando la migración irregular.
En relacion a la política territorial, aunque el diálogo con Cataluña ha permitido cierto distensionamiento, se han hecho concesiones más por oportunismo y aritmética parlamentaria que por convicción democrática. No se ha avanzado en un modelo plurinacional real ni en un nuevo marco de convivencia que supere el marco del 78. En otros territorios como Euskal Herria o Galicia, el modelo sigue centralizado y sin impulsar procesos constituyentes o participativos reales.
En Sanidad, la Atención Primaria sigue colapsada en muchas comunidades, sin un refuerzo claro desde el gobierno central. Tampoco se ha avanzado en la reducción de la educación concertada ni en su publificación.
Con todo, es más que notorio que el actual Ejecutivo ha gestionado con más lógica de resistencia a la derecha que de impulso transformador propio. Volviéndose en muchos caso en un gobierno reactivo y evitando con ello el enfrentamiento con los las élites y poderes económicos, mediáticos o judiciales, renunciando a ser un gobierno de ruptura, priorizando la estabilidad parlamentaria sobre la activación de luchas populares.
A mitad de legislatura, este gobierno aún está a tiempo de rectificar, pero el reloj avanza…
